No a la intervención. Sí hay alternativa al saqueo.

 

 

12 de Septiembre de 2012

 

 

 

 

 

Mientras el gobierno se resiste a solicitar antes de las elecciones gallegas y vascas el mal llamado rescate, es decir, la intervención completa de España por parte de la Troika, Alemania y EEUU presionan en sentido contrario. Y en el interior del país, desde la CEOE hasta la mayoría de medios de comunicación urgen a Rajoy a solicitarlo cuanto antes.No a la intervención. Sí hay alternativa al saqueo.


A nosotros, al 90% de la población, nos corresponde ahora, por el contrario, levantar la bandera contra una nueva intervención exterior que va a suponer un saqueo todavía mayor de nuestros salarios e ingresos, un redoblado ataque contra nuestras condiciones de vida y un futuro de degradación, empobrecimiento y desigualdades para nuestros hijos y nietos. Esto es lo que nos estamos jugando ahora mismo.

Armados con mentiras de destrucción masiva, gobierno y medios tratan de confundir a la mayoría de la población, inoculando la idea de que al haber vivido por encima de nuestra posibilidades, ahora debemos pagar por habernos gastado lo que no teníamos. Y que por eso es normal que Merkel presione para que le devolvamos lo que sus bancos nos han prestado en todos estos años. No hay un ápice de verdad en ninguna de estas ideas. Nosotros no les debemos nada a ellos.

No les debemos nada

A diferencia de las palabras, los números no engañan. Ni España como país ni el 90% de los españoles debemos nada a banqueros alemanes, franceses y norteamericanos.

La deuda externa que mantiene la economía española con sus acreedores extranjeros asciende a 1,1 billones de euros. De todo esa deuda, bancos y cajas son las principales deudoras, con un saldo de 447.133 millones de euros, lo que equivale al 42% de toda la deuda externa española. Mientras que monopolios y grandes empresas, las únicas con acceso al crédito exterior, adeudan 352.151 millones, el 33%.

"Un puñado de bancos son responsables del 90% de la deuda"Por contra, los millones de familias españolas apenas debemos un mísero 0,24% a la banca extranjera. Y el Estado, es decir, la deuda pública, poco más del 24%. Y tampoco principalmente porque en los años de bonanza haya derrochado el dinero (aunque por supuesto que ha habido altos niveles de despilfarro, corrupción y depredación por parte de la clase política, que tiene que responder por ello), sino porque el gobierno central –primero el de Zapatero, después el de Rajoy– se ha mostrado dispuesto desde 2008 a comprar, avalar y garantizar con dinero público gran parte de la deuda privada de los bancos. Esa es la única razón de porqué la deuda pública se ha duplicado en menos de cuatro años.

Un puñado de bancos y monopolios son responsables exclusivos de al menos el 87% de esa deuda, la suya más la que han endosado al Estado. Y ahora los bancos alemanes, propietarios del 22% de la deuda externa, los bancos franceses, dueños de un 20%, los norteamericanos, con un 17%, y los británicos, con el 14%, nos reclaman imperiosamente a nosotros el pago de esa deuda mediante continuas rebajas de salarios y pensiones, recortes salvajes en la sanidad y la educación públicas o feroces subidas de todo tipo de impuestos y tarifas.

Como resultado, cada euro que un pensionista se ve ahora obligado a pagar por sus medicamentos va directamente a engrosar su cuenta de beneficios. Cada céntimo de más que pagamos por la subida del IVA va a enriquecer a ese pequeño puñado de grandes oligarquías financieras del planeta. Al reclamar y exigir una mayor intervención sobre el país, su único objetivo es asegurarse que su proyecto de saqueo sobre el 90% de la población se lleva a cabo de forma cabal y completa. Esta es la verdadera sustancia de lo que está pasando hoy en España.

La mayor mentira jamás contada

Que el Estado español tiene un gravísimo problema con la deuda pública y que ese es el origen de todos los males, es una de las mayores mentiras jamás contadas. A pesar de haber asumido una parte sustancial de la deuda privada de bancos y monopolios, la deuda publica de España, en proporción al PIB, sigue siendo una de las más bajas de la eurozona, inferior, por ejemplo, a la de Alemania, Francia, Italia o Gran Bretaña. Y no digamos ya si la comparamos con la deuda pública de EEUU, el verdadero agujero negro que consume y devora los recursos y la riqueza generada en la mayor parte del planeta, y en particular de los países que estamos más sometidos a su órbita de intervención y control.

La deuda pública española supondrá a finales de este año el 72% del PIB. La de EEUU, el 110% según su gobierno. Pero según  la Reserva Federal (el banco central norteamericano) se eleva a más del 400% del PIB. Y las cuentas del mayor fondo de inversión en deuda pública del mundo revelan que en realidad está ya por encima de 650% del PIB, alrededor de los 100 billones de dólares. Y todo para mantener el monstruoso aparato militar que todavía le asegura la hegemonía mundial. Una supremacía que sus propios recursos y su peso en el mundo ya no son capaces de sostener ante el avance de las potencias emergentes y numerosos países en vías de desarrollo.

Y que por eso mismo les obliga a saquear e incrementar constantemente los tributos que estamos obligados a pagar los países que estamos bajo su dominio.

¿Hablamos de deuda pública? Muy bien. Pues que empiecen a devolverla los que más deben. Y el primero de todos, la superpotencia yanqui.

Sí hay alternativa

Como justificación suprema de los recortes y ajustes, Rajoy y su gobierno no se cansan de repetir que “no hay dinero y no podemos gastar lo que no tenemos”. ¿Nos quieren hacer creer que en la doceava economía más grande del planeta no hay dinero para atender las necesidades más básicas de la población? Pues será porque alguien se lo está llevando a manos llenas.

Un simple ejemplo basta para desnudar su mentiras.

La ministra de Sanidad afirma que con el copago y la retirada de la Seguridad Social de más de 440 medicamentos el Estado se ahorrará 1.758 millones de euros al año.

Pero calla que sólo mantener el impuesto sobre el patrimonio, anular la bajada del impuesto de sucesiones o eliminar la rebaja de impuestos para las personas que ingresan más de 150.000 euros al año y las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año supondría recaudar cada año 12.452 millones de euros más. Es decir, siete veces más de lo que se pretende saquear a jubilados y enfermos crónicos en nombre de que “no hay dinero”.

"Es imprescindible que nosotros, el pueblo, nos unamos y nos organicemos"Y esto es sólo un botón de muestra. Porque acabar con la multitud de desgravaciones y exenciones fiscales que tienen bancos, monopolios y multinacionales (y que les permiten tributar menos de la mitad de lo que pagan pymes y autónomos) supondría para Hacienda recaudar cada año 44.000 millones de euros extras. Dinero suficiente para crear más de medio millón de puestos de trabajo cada año. Por no hablar de los miles de millones que bancos y grandes fortunas desvían cada año a paraísos fiscales o las leyes que permiten a multinacionales como Exon, Google, Microsoft, Volkswagen o Apple actuar en España como en un auténtico paraíso fiscal.

Mienten. No es que en España no haya dinero. Es que necesitamos –como están haciendo los países que sí crecen, desde Islandia hasta Argentina o Brasil– llevar adelante una política de redistribución de la riqueza para acabar con el paro y salir de la crisis en beneficio de la mayoría.

Y para conseguirlo es imprescindible que nosotros, el pueblo, nos unamos y nos organicemos Esa es la clave de todo.

Unidad del 90% de la población en un frente amplio capaz de dar una respuesta común a los ataques de nuestros enemigos y levantar una alternativa política que sirva a nuestras necesidades e intereses.

Organización de los trabajadores y las clases populares en torno a una línea que, como la que defiende nuestro partido, Unificación Comunista de España, señale quiénes son nuestros verdaderos enemigos y quiénes nuestros auténticos amigos, marque con claridad el camino a seguir y no tenga otros compromisos ni ataduras que defender consecuentemente los intereses del 90% de la población.

Merkel ha estado recientemente en Madrid para dictar a Rajoy las condiciones de la nueva intervención sobre España. Nosotros tenemos la oportunidad de darle una respuesta inmediata y masiva, firme y contundente.

El próximo 25S tenemos oportunidad de ello.

Traducción de un artículo publicado el jueves en varios periódicos económicos alemanes, enviado por su corresponsal en España.

 

Así es como ve a la 'Casta Política' española esta competente profesional.

 

*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista.

 

06.09.2012 

 

 

Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.

En Alemania crece la critica contra la supuesta "mentalidad de fiesta" de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.

España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.

Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.

Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.

Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales.

La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también por corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.

No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.

Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.

El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.

Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.

Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.

Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.

Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.

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¿Es EEUU una democracia?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 17 de septiembre de 2012

 

Este artículo señala las enormes deficiencias del sistema democrático estadounidense basado en un sistema electoral mayoritario, y no proporcional, y en la privatización de la financiación de tal proceso democrático. El artículo cuestiona también las tesis aparecidas en el diario El País sobre la necesidad de eliminar todavía más el sistema proporcional español, criticando a la vez la falta de actitud crítica hacia tal sistema democrático estadounidense por parte de la mayoría de los medios de información españoles.

Esta pregunta parece, a primera vista, una provocación, pero no lo es. En un momento como el actual con una extensa cobertura mediática de las elecciones a la Presidencia y al Congreso de EEUU, en la que aparece un debate vivo e intenso entre dos posturas distintas representadas por dos opciones claramente diferenciadas, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, cuyos candidatos a la Presidencia del país han sido resultado de unas primarias, especialmente intensas en el caso del Partido Republicano, tal pregunta será interpretada por la sabiduría convencional que tales medios reproducen, como una “frivolidad” en el mejor de los casos, o como un indicador más del supuesto “antiamericanismo” que supuestamente caracteriza a las izquierdas europeas. Puesto que tal acusación ya se ha hecho en más de una ocasión, me siento en la necesidad de aclarar que he vivido durante muchos años en EEUU y que me siento comprometido emotiva y políticamente con el bienestar de las clases populares de aquel país a las que he intentado servir durante mis años de trabajo en EEUU (desde las aulas de la academia hasta los despachos de la Casa Blanca), siendo mis críticas a las instituciones representativas de aquel país fruto de tal compromiso, pues comparto la percepción generalizada que tiene la mayoría de la población estadounidense de que tales instituciones representativas no representan en realidad sus intereses. El 85% (repito, el 85%) de la población estadounidense, por ejemplo, no considera que el Congreso de los EEUU represente sus intereses. Y cuando se les pide a quién creen que representa, la respuesta mayoritaría (el 82%) es la Corporate Class (los componentes de las élites empresariales de las grandes compañías o empresas del país).

La mayoría de la población lleva razón. Los debates de la vida política se hacen dentro de unos márgenes muy limitados definidos precisamente por tal Corporate Class, que es la que financia el proceso electoral y las campañas electorales de la gran mayoría de los políticos. Ni que decir tiene que existe diversidad en el abanico de propuestas hechas por los dos partidos mayoritarios –el Partido Republicano y el Partido Demócrata-, diversidad que es la que alimenta el debate político y mediático en el país. Pero tal diversidad está muy limitada debido a las fronteras ideológicas definidas por la Corporate Class. Existen miles de ejemplos de esta falta de diversidad. Por ejemplo, todas las ofertas de cambio en el sistema de sanidad, eminentemente privado (aunque financiado públicamente en un 48% de todo el gasto sanitario) no cuestionan el protagonismo de las compañías de seguro privadas en la gestión del sistema, y ello a pesar de que según las encuestas de opinión popular, una mayoría de ciudadanos en aquel país preferiría un sistema (como existe en Canadá) en que el papel de tales compañías sería muy inferior. En realidad, la aplicación del sistema canadiense en EEUU permitiría la extensión de la cobertura sanitaria a toda la población (medida deseada por la mayoría de la población) a un coste mucho menor que el actual de EEUU (que alcanza a ser un 16% del PIB). Tal posibilidad, sin embargo, ha sido descartada, incluso por el Presidente Obama. Las compañías de seguros privadas han financiado extensamente las campañas de todos los candidatos (tanto de los demócratas como de los republicanos) a la Presidencia de EEUU, impidiendo que tal alternativa sea incluso discutida. Y ello, repito, a pesar de su popularidad.

La baja calidad democrática de los sistemas mayoritarios

El sistema bilateral mayoritario, sin ningún sesgo de proporcionalidad, favorece esta captura de los partidos por los componentes de la Corporate Class. Es paradójico que EEUU, el prototipo del sistema electoral mayoritario sea tomado como ejemplo por algunas voces en España. El reciente artículo en El País “Una teoría de la clase política española” (14.09.12) proponiendo el sistema mayoritario muestra un claro desconocimiento de su autor, César Molinas, de la realidad política estadounidense, el sistema mayoritario “por excelencia”. En realidad las graves limitaciones que existen en la democracia española se basan precisamente en la escasa proporcionalidad de su sistema electoral. El protagonismo de la vida política y mediática del país por parte de dos opciones mayoritarias (favorecido por tal sistema electoral) en España ha empobrecido enormemente la vida política del país, facilitando, a su vez, su adaptación (cuando no coaptación) a los poderes financieros y económicos dominantes en España. No es extraño, por cierto, que los movimientos a favor de cambios profundos en sus sistemas democráticos –como el Occupy Wall Street y el 15M- hayan ocurrido en dos de los países con menor proporcionalidad en su sistema político (EEUU y España).

La privatización del sistema electoral

El otro problema de la democracia estadounidense es la privatización del sistema electoral. Las elecciones son financiadas predominantemente por fondos privados provenientes en su gran mayoría de las grandes empresas y de los grupos fácticos que donan su dinero con el objetivo (exitoso) de influenciar a aquellos que reciben el dinero. La gran mayoría de fondos que financian a los candidatos (incluyendo a Barack Obama en las últimas elecciones presidenciales y en las presentes) procedían y proceden de grandes empresas o asociaciones comerciales o profesionales.

Esta situación ha alcanzado su máxima dimensión con la aprobación por parte del Tribunal Supremo de EEUU, de una sentencia, en el caso Citizens United vs Federal Electoral Commission, permitiendo que las empresas pudieran dar tanto dinero como quisieran a los candidatos políticos a fin de influenciar las elecciones y/o las decisiones políticas. Estas empresas pueden, incluso, ser extranjeras. Hemos visto así como el Instituto Americano del Petróleo (IAP), el portavoz de las compañías petrolíferas, se ha gastado 7.3 millones de dólares para oponerse (exitosamente) a cualquier legislación federal que previniera el calentamiento ambiental, resultado de la utilización de petróleo. Uno de los dirigentes más activos ha sido Tofiq Al-Gabsani, el representante de las empresas petrolíferas basadas en Arabia Saudí, hoy uno de los mayores financiadores del candidato republicano Romney.

La participación activa del IAP en la financiación del Partido Republicano fue la causa de que el 86% de los nuevos miembros republicanos en las últimas elecciones al Congreso de EEUU firmaran un manifiesto, redactado por IAP, en el que se comprometían a oponerse a cualquier tipo de legislación que regulara el comportamiento de la industria petrolífera para prevenir el cambio climático. El IAP ha negado que el obvio cambio climático tenga nada que ver con la utilización del petróleo, financiando estudios de nula credibilidad científica que supuestamente muestran que tal cambio climático se deba a causas naturales (ver Lee Fang “How Citizens United unleashed millions in secretive spending by US and foreign firms”. The Nation. 27.08.12).

Otro ejemplo es la Asociación de la Industria Farmacéutica, que ha gastado 10 millones de dólares para evitar (exitosamente) que el gobierno federal sea el que defina el precio de los fármacos que éste compra, con lo cual el precio de tales fármacos los dicta la propia industria farmacéutica en lugar del gobierno federal. EEUU es el único país que no utiliza su enorme poder de compra de fármacos para dictar los precios de los productos farmacéuticos que compra. Tiene que comprarlos al precio marcado por la industria.

¿En qué se gasta el dinero?

Esta cantidad de dinero se utiliza sobre todo para comprar tiempo televisivo y radiofónico, abierto al mejor pagador sin ninguna regulación en la distribución de tal espacio. Y el contenido de los anuncios políticos, cuyo número y tiempo de exposición depende del dinero del candidato político, tampoco tiene ningún tipo de regulación. Un anuncio puede mentir descaradamente –como lo hacen los candidatos Romney y Ryan- sobre sus adversarios políticos sin que haya ninguna capacidad de respuesta, excepto comprando otro anuncio que lo rebata. El que tiene menos fondos puede aparecer y rebatir menos. De ahí que el objetivo de Romney sea conseguir varias veces más dinero que el candidato Obama, hoy Presidente, pues está seguro (y lleva razón en sus predicciones) que con tal abundancia de fondos puede derrotarlo. Y estos fondos proceden, de nuevo, en su gran mayoría de la Corporate Class. Como ha reconocido nada menos que el Senador Republicano John McCain, candidato republicano a la presidencia de EEUU en 2008, “las elecciones en EEUU son un juego de poder en el que ambos partidos políticos –el Republicano y el Demócrata- compiten para permanecer en sus cargos, vendiendo el país al mejor postor” (citado en Bill Moyers, Money in Politics: where is the outrage?). ¿Es esto una democracia? Imagínense que esto ocurriera en Venezuela. El follón que se armaría en los medios sería enorme. Ocurre en EEUU, y tales medios dedican horas y horas a lo que llaman proceso democrático en aquel país, sin cuestionar, ni una sola vez, si es, en realidad, un proceso democrático.


http://www.vnavarro.org/?p=7836&cpage=1#comment-62770

La tele social del PP

ANIBAL MALVAR - PUBLICO.es

14 sep 2012

Ahora que en la TVE manda el PP, los programas más sociales, vindicativos y revolucionarios vuelven a estar en manos de la gente que sabe de eso. O sea, los nobles. Nuestra televisión pública acaba de fichar, para un programa de denuncia social de La2, ni más ni menos que al heredero del condado de Donadio de Casasola, menos conocido como Bertín Osborne, para dotar a la cadena de contenidos arrabaleros y
explicar lo bien que viven los enfermos de sida extranjeros cuando les
quitas la seguridad social. El programa que dirigirá este reconocido
intelectual se emitirá los domingos bajo el título Un mundo mejor, y nos
contará las tragedias cotidianas del español con crudeza, sin tapujos ni censuras y con la objetividad como espoleta.

La elección de Bertín Osborne demuestra, una vez más, que nuestro PP es el partido obrero español, el que se preocupa del ciudadano de a pie cuando se baja del BMW, y el que menos capacidad tiene de disimulo. No es casualidad la elección del futuro conde de Donadio de Casasola para explicarnos en la tele cómo sobreviven nuestros pobres de pedir, como tampoco fue casualidad el nombramiento de Soledad Becerril, marquesa de Salvatierra, como Defensora del Pueblo.

La izquierda de este país, en cuanto pilla cacho y poder, se empeña en querer enseñarnos cómo se trata a los pobres, cuando de toda la vida han sido nuestros nobles los que organizaban mercadillos benéficos para indigentes y los que más limosnas daban a las puertas de las iglesias. El conocimiento que el noble español tiene del pobre es, por tanto, producto de un acercamiento directo, de una meditada investigación del lumpen, y de una sensibilidad especial para reírse del dolor ajeno. Sabe mucho más de la pobreza el que dona una limosna que el que la recibe, de ahí que pocos indigentes españoles hayan organizado colectas y mercadillos para paliar la agonía judicial de nuestro asediado duque de Palma, por ejemplo.

No todo el mundo tiene el coraje en España de sostener un título nobiliario, con toda la pesada carga revolucionaria que eso conlleva. Y por tanto, es difícil encontrar gentes suficientemente preparadas como para conducir un programa de televisión de corte tan combativo como será Un mundo mejor.
 Hace ya casi 40 años, las agónicas autoridades franquistas de Asturias quisieron otorgarle el condado de Luarca a nuestro premio Nobel Severo Ochoa. Para sorpresa del gentío, el investigador rechazó tal galardón. La prensa internacional interpretó este rechazo como denuncia contra un país donde la ciencia y la cultura eran estigmatizadas y perseguidas, ya que Ochoa, en 1956, había adoptado la nacionalidad estadounidense para poder ir y venir, desde el exilio, sin que lo trincara la policía político-social por vestir bata, y además blanca, en el lugar de trabajo.

Lo que vino a dar a entender la prensa del régimen, con razón, es que a Severo Ochoa le faltaron cojones para ser Grande de España, como Bertín Osborne o Soledad Becerril. Cualquier español que se ponga un rato, te descifra la cadena del ácido ribonucleico y en el minuto que le sobra acierta una de catorce. Lo difícil es tomarse un solysombra sin toser, decirle a tu propia que no te gusta que a los toros se lleve la minifalda, y cantar Dos corazones y un destino sin que te dé la risa.

Con este nombramiento, La2 da un cambio que debemos aplaudir, pues el pensamiento español está mucho mejor representado por Bertín Osborne que por Severo Ochoa u otros personajes de documental. Hay que agradecerle al PP su transparencia, ya que decisiones de este tipo demuestran al populacho cerril que ellos no esconden sus afinidades intelectuales, sus gustos estéticos, ni sus paradigmas éticos, en este caso focalizados en la incontestable figura de Bertín Osborne presentando un programa de denuncia social.

Ahora ya solo falta que pongan a un tiburón financiero locutando los documentales de fauna y flora de La2. Y explicándonos, con una gran sonrisa, que el pececillo somos nosotros.





http://blogs.publico.es/rosa-espinas/

LA MUERTE DEL EMBAJADOR USA EN LIBIA Y LA FALAZ MANIPULACION DE CADA DÍA. 

ABC, AYER, 13 SEPTBRE.

Ese medio, reaccionario hasta el paroxismo, que aplaudió hasta con las orejas el asesinato de Ghadaffi y que no tuvo empacho en publicar en portada las brutales fotos del Presidente libio, asesinado y vejado por los mismos que han dado ahora cuenta del 'embajador' y que me abstengo de 'subir' por la gran dureza de éstas y porque estarán grabadas por su increíble crueldad en la memoria de todos, se refería ayer a esta foto publicada en todos los medios del suceso como "LA IMAGEN MAS CRUEL DE LA PRIMAVERA ARABE".

Por supuesto que no hace mención alguna a la labor desempeñada por el "embajador" en el reclutamiento de mercenarios y gestión 'in situ' de aquella guerra que se saldó con un genocidio, animado por él mismo como plenipotenciario agente USA y la OTAN como adláter...ni a las tremendas imágenes de ciudadanos libios desarmados siendo ametrallados por los mercenarios pagados por las monarquías árabes y armados por occidente o directamente arrollados por los vehículos de éstos sin el menor escrúpulo...ni a los centenares de asesinados yaciendo en las calles de Trípoli u otras ciudades arrasadas por los aviones de la OTAN o por esos asesinos apátridas.

Todo eso para el repugnante ABC es irrelevante...la verdadera tragedia es la muerte de un instrumento del poder oligárquico-militar-industrial USA...

¡Quién siembra odios, recoge tempestades!

LAS CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS ECONOMICAS IMPUESTAS POR "LA TROIKA", INICIADAS CON LA CONTROVERTIDA REFORMA CONSTITUCIONAL APROBADA CON NOCTURNIDAD Y ALEVOSIA POR EL GOBIERNO DEL PSOE, EN CONNIVENCIA CON  EL PARTIDO POPULAR, Y LAS QUE YA EL GOBIERNO POPULAR HA IDO TOMANDO, SIGUIENDO LAS 'INSTRUCCIONES' "A PIES JUNTILLAS" DESDE SU ACCESO AL PODER, EXPUESTAS DESDE SU VISIÓN JURIDICA POR UNO DE LOS MAS BRILLANTES MAGISTRADOS DE ESTE PAIS.

 PERSPECTIVAS DE RUPTURA CONSTITUCIONAL

Joaquim Bosch
Magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia
Público.es - 14.09.2012
 

La Constitución de 1978 surgió en el contexto de una transición que tuvo más insuficiencias de las que se han querido admitir. Pero nuestra Carta Magna reguló un sistema de derechos fundamentales equiparable al de los países más avanzados de nuestro entorno. Se fijaron unos derechos sociales que suponían el respeto a la dignidad de toda persona, como un núcleo esencial para garantizar sus necesidades básicas y el libre desarrollo de su personalidad. Es cierto que el cumplimiento de estos preceptos constitucionales no ha sido suficiente. Sin embargo, parece poco discutible que ha sido la etapa en la historia de nuestro país en la que se ha producido el mayor avance de los derechos humanos.

Asistimos ahora a un cambio drástico. Con el pretexto de la situación económica internacional, se pretende desmantelar nuestro Estado Social. La Constitución establece la obligación de los poderes públicos de que sean respetados estos derechos fundamentales, así como el deber de promover la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Y nuestro texto constitucional regula unos principios básicos sobre la redistribución de la renta, como forma de garantizar esos niveles de igual cobertura de las necesidades esenciales. No obstante, en unos pocos meses se han producido la restricciones más intensas de los derechos fundamentales de toda la etapa democrática.

Se ha aprobado una reforma laboral que rompe el equilibrio en las relaciones contractuales, para precarizar absolutamente la situación de los trabajadores. Se han decretado todo tipo de recortes en los servicios públicos más importantes, como la sanidad, la educación, la justicia y la más diversas prestaciones sociales. Se han incrementado los impuestos para las clases medias y la clase trabajadora, mientras que siguen sin contribuir las grandes empresas, las entidades bancarias y las grandes fortunas, en contraste con los países europeos más avanzados, en los que estos sectores son los que financian en gran parte el Estado Social. Todo ello supone avanzar hacia los dogmas del Estado mínimo y del neoliberalismo económico, a partir de las teorías de Hayek, Friedman o Nozik. No se trata de nada nuevo. Tampoco nos encontramos ante una situación pasajera. Los cambios pretenden convertirse en estructurales. Y miran en el horizonte de determinadas apuestas de parte de la sociedad norteamericana, cuyos corifeos más entusiastas proceden del denominado Tea Party. Buscan una sociedad con intensas desigualdades sociales, en la que los sectores privilegiados sean cada vez más fuertes, en la que se privaticen los servicios básicos y en la que se deteriore lo público para la mayoría de la población. Se trata de una seria embestida de aquellos que Tzvetan Todorov ha llamado enemigos íntimos de la democracia, es decir, de los que se oponen al concepto del bien común y a los derechos de los ciudadanos.

Puede ser comprensible que algunos defiendan esa nueva sociedad. Pero hay que recordar que esa apuesta se ubica fuera de nuestra Constitución y de nuestro sistema de derechos fundamentales, que se incardinan en el modelo social europeo. Las medidas que se están acordando rompen el consenso constitucional y las bases fundamentales de la convivencia ciudadana. Además, no figuraban en el programa de ninguna fuerza política. Si desde el gobierno se pretende optar por la ruptura de los principios constitucionales, debería someter a referéndum todas esas medidas para que sea la ciudadanía la que decida, desde su soberanía democrática. Por otro lado, no resulta admisible que se nos pretenda imponer nuestro futuro desde la presión añadida de determinados organismos supranacionales no democráticos. Como ha señalado Jürgen Habermas, es la propia democracia la que ahora mismo está en juego.

Se nos presentan determinadas soluciones como técnicas, inevitables y únicas, cuando en realidad son meramente ideológicas. En los términos de Paul Krugman, podríamos afirmar que nuestro país tiene la misma capacidad tecnológica para producir riqueza que hace varios años. Por ello, si la situación ha empeorado no ha sido a causa de ninguna catástrofe natural, sino por determinadas decisiones incorrectas. Entre ellas, favorecer sin límites a las entidades bancarias, con los impuestos de toda la ciudadanía, a pesar de su responsabilidad en la situación económica actual. O negarse a exigir a quienes más tienen su necesaria contribución a una sociedad que les ha posibilitado generar su riqueza. O no impulsar el crecimiento económico para hacer posible el cumplimiento de los derechos sociales, a través de mecanismos de redistribución.

Lo que resulta evidente es que los recortes no llevan al bienestar, porque las medidas empobrecedoras solo pueden conducir a la ruina económica y social. Y a un aumento de la conflictividad. Por eso los sindicatos y cerca de doscientas entidades cívicas han convocado una marcha a Madrid para mañana, en la que puede ser la mayor manifestación de la historia de nuestro país. Hay motivos para ello, como la defensa del Estado Social reconocido constitucionalmente. Y no es que estén surgiendo millones de ciudadanos antisistema. Es que paradójicamente el sistema está empezando a excluir a la mayoría de la sociedad.

http://blogs.publico.es/dominiopublico/5809/perspectivas-de-ruptura-constitucional/

Aunque puedan hacersele algunas objeciones al artículo de César Molinas publicado en El País, especialmente a la generalización que hace de la 'Clase Política' -aún sobreentendiendo que se refiere a los partidos mayoritarios y a los políticos que han hecho del servicio a la sociedad un privilegiado "modus vivendi"-,  y que ningún partido había previsto la tendencia a la que nos llevaría nuestra adhesión al Tratado de Maastricht, cuando en vísperas de ello Julio Anguita denunció claramente el riesgo que conllevaba, no puede por menos que valorarse muy  positivamente la denuncia explícita a los claros responsables de la actual situación, y de la metodología que éstos han utilizado para cometer el expolio de los recursos económicos del Estado.

Tampoco es muy acertado su comentario en relación a las más que discutibles disculpas del Rey -por causas personales- pero ello es comprensible conociendo la actual trayectoria 'borbónica' de EL PAIS que es quien, al fin y al cabo, paga al autor del artículo.

UNA TEORIA DE LA CLASE POLITICA ESPAÑOLA

Los Partidos han generado burbujas compulsivamente


César Molinas - EL PAIS - 12 Septbre. 2012

En este artículo propongo una teoría de la clase política española para argumentar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar nuestro sistema electoral para adoptar un sistema mayoritario. La teoría se refiere al comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en términos de comportamientos individuales. ¿Por qué una teoría? Por dos razones. En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y, en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de la clase política española debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:

1. ¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a España?

2. ¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis? ¿Cómo es posible que la clase política española parezca genéticamente incapaz de planificar?

3. ¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser ejemplar? ¿Cómo es posible que nadie-salvo el Rey y por motivos propios- haya pedido disculpas?

4. ¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?

En lo que sigue, argumento que la clase política española ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva, según la terminología popularizada por Acemoglu y Robinson. Los políticos españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Estos procesos han llevado a España a los rescates europeos, resistidos de forma numantina por nuestra clase política porque obligan a hacer reformas que erosionan su interés particular. Una reforma legal que implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo ante la cúpula de su partido, daría un vuelco muy positivo a la democracia española y facilitaría el proceso de reforma estructural. Empezaré haciendo una breve historia de nuestra clase política. A continuación la caracterizaré como una generadora compulsiva de burbujas. En tercer lugar explicitaré una teoría de la clase política española. En cuarto lugar usaré esta teoría para predecir que nuestros políticos pueden preferir salir del euro antes que hacer las reformas necesarias para permanecer en él. Por último propondré cambiar nuestro sistema electoral proporcional por uno mayoritario, del tipo first-past-the-post, como medio de cambiar nuestra clase política.

La historia

Los políticos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí mismos como políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron nunca. Estos políticos tomaron dos decisiones trascendentales que dieron forma a la clase política que les sucedió. La primera fue adoptar un sistema electoral proporcional corregido, con listas electorales cerradas y bloqueadas. El objetivo era consolidar el sistema de partidos políticos fortaleciendo el poder interno de sus dirigentes, algo que entonces, en el marco de una democracia incipiente y dubitativa, parecía razonable. La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba al de la primera, fue descentralizar fuertemente el Estado, adoptando la versión café para todos del Estado de las autonomías. Los peligros de una descentralización excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a partir del papel vertebrador que tendrían los grandes partidos políticos nacionales, cohesionados por el fuerte poder de sus cúpulas. El plan, por aquel entonces, parecía sensato.

Pero, tal y como le ocurrió al Dr. Frankenstein, lo que creó al monstruo no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando el cerebro equivocado. Por una serie de imponderables, a la joven democracia española se le acabó implantando una clase política profesional que rápidamente devino disfuncional y monstruosa. Matt Taibbi, en su célebre artículo de 2009 en Rolling Stone sobre Goldman Sachs “La gran máquina americana de hacer burbujas” comparaba al banco de inversión con un gran calamar vampiro abrazado a la cara de la humanidad que va creando una burbuja tras otra para succionar de ellas todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil parecido para la actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles han sido los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro monstruo.

En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy distinta de la que protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los cachorros de las juventudes de los diversos partidos políticos acceden a las listas electorales y a otras prebendas por el exclusivo mérito de fidelidad a las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir a los partidos en estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento personal directo de la sociedad civil o de la economía real. La política y sus aledaños se han convertido en un modus vivendi que alterna cargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos públicos y, también, con canonjías en empresas privadas reguladas que dependen del BOE para prosperar.

En segundo lugar, la descentralización del Estado, que comenzó a principios de los 80, fue mucho más allá de lo que era imaginable cuando se aprobó la Constitución. Como señala Enric Juliana en su reciente libro Modesta España, el Estado de las autonomías inicialmente previsto, que presumía una descentralización controlada de “arriba a abajo”, se vio rápidamente desbordado por un movimiento de “abajo a arriba” liderado por élites locales que, al grito de “¡no vamos a ser menos!”, acabó imponiendo la versión de café para todos del Estado autonómico. ¿Quiénes eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Juliana se limita a señalar a “un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo”. Eso es, sin duda, verdad. Pero, adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de los sistemas clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias desde 1833, miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e incertidumbre, lo que les pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a “cambiarlo todo para que todo siga igual” y a ponerse en cabeza de la manifestación descentralizadora. Como resultante de estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de las Administraciones Públicas: 17 administraciones y gobiernos autonómicos, 17 parlamentos y miles -literalmente miles- de nuevas empresas y organismos públicos territoriales cuyo objetivo último en muchos casos, era generar nóminas y dietas. En ausencia de procedimientos establecidos para seleccionar plantillas, los políticos colocaron en las nuevas administraciones y organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales que era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. A partir de una Administración hipertrofiada, la nueva clase política se había asegurado un sistema de captura de rentas -es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros- por cuyas alcantarillas circulaba la financiación de los partidos.

En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los partidos políticos se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que las Administraciones Públicas. La idea de que la España autonómica podía ser vertebrada por los dos grandes partidos mayoritarios saltó hecha añicos cuando los llamados barones territoriales adquirieron bases de poder de “abajo a arriba” y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este imprevisto contexto, se aceleró la descentralización del control y la supervisión de las Cajas de Ahorro. Las comunidades autónomas se apresuraron a aprobar sus propias leyes de Cajas y, una vez asegurado su control, poblaron los consejos de administración y cargos directivos con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si esto fuera poco, las Cajas tuteladas por los gobiernos autonómicos hicieron proliferar empresas, organismos y fundaciones filiales, en muchas ocasiones sin objetivos claros aparte del de generar más dietas y más nóminas.

Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, la clase política española se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la política como, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la CNMV, los reguladores sectoriales de energía y telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema democrático y el Estado de derecho necesitan que estos organismos, que son los encargados de aplicar la Ley, sean independientes. La politización a la que han sido sometidos ha terminado con su independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un severo deterioro de nuestro sistema político. Pero es que hay más. Al tiempo que invadía ámbitos ajenos, la política española abandonaba el ámbito que le es propio: el Parlamento. El Congreso de los Diputados no es solo el lugar donde se elaboran las leyes; es también la institución que debe exigir la rendición de cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en cualquier democracia, ha desaparecido por completo de la vida política española desde hace muchos años. La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima grotesca de las comparecencias parlamentarias del pasado mes de julio, es sólo el último de una larga serie de casos que el Congreso de los Diputados ha decidido tratar como si fuesen catástrofes naturales, como un terremoto, por ejemplo, en el que aunque haya víctimas no hay responsables. No debería sorprender, desde esta perspectiva, que los diputados no frecuenten la Carrera de San Jerónimo: hay allí muy poco que hacer.

Las burbujas

Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores han conformado un sistema político en el que las instituciones están, en el mal sentido de la palabra, excesivamente politizadas y en el que nadie acaba siendo responsable de sus actos porque nunca se exige en serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone en cuestión los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés particular de la clase política española. Este es el contexto en el que se desarrollaron no sólo la burbuja inmobiliaria y el saqueo y quiebra de la gran mayoría de las Cajas de Ahorro, sino también otras “catástrofes naturales”, otros “actos de Dios”, a cuya generación tan adictos son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la clase política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas. Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las principales tropelías impunes de las últimas dos décadas: la burbuja inmobiliaria, las Cajas de Ahorro, las energías renovables y las nuevas autopistas de peaje.

La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global, siendo las otras dos la estadounidense y la irlandesa. No hay duda de que, como las demás, estuvo alimentada por los bajos tipos de interés y por los desequilibrios macroeconómicos a escala mundial. Pero, dicho esto, al contrario de lo que sucede en EE UU, las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político. Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del principio de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los políticos –decidir el qué y el dónde- no fuese suficiente, la transmisión del control de las Cajas de Ahorro a las comunidades autónomas añadió a los dos anteriores el poder de decisión sobre el quién, es decir, el poder de decisión sobre quién tenía financiación de la Caja de turno para ponerse a construir. Esto supuso un salto cualitativo en la capacidad de captura de rentas de la clase política española, acercándola todavía más a la estrategia del calamar vampiro de Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso! El panorama, cinco años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las Cajas de Ahorro han desaparecido, la gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica. ¡Ahí queda eso!

Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el “capitalismo castizo”, es decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. En una reunión reciente, un conocido inversor extranjero lo llamó “relación incestuosa”; otro, nacional, habló de “colusión contra consumidores y contribuyentes”. Sea lo que sea, recordemos en primer lugar la burbuja de las energías renovables. España representa un 2% del PIB mundial y está pagando el 15% del total global de las primas a las energías renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta por situarse en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se puede permitir. Pero estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase política y, también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos los niveles de la política y de la Administración. Para financiar las primas, las empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara de Europa, lo que supone una grave merma de competitividad para nuestra economía. A pesar de esos precios exagerados, y de que la generación eléctrica tiene un exceso de capacidad de más del 30%, el sistema eléctrico español ostenta un déficit tarifario de varios miles de millones de euros al año y más de 24.000 millones de deuda acumulada que nadie sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí queda eso!

La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (fútbol, televisiones…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron y construyeron haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena administración. Para empezar, se hicieron unas previsiones temerarias del tráfico que dichas autopistas iban a tener. En la actualidad el tráfico no supera el 30% de lo previsto. Y no es por la crisis: en los años del boom tampoco había tráfico. A continuación ¿incomprensiblemente? el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, porque al disfrazarse los constructores de concesionarios mediante unas sociedades con muy poco capital y mucha deuda, se facilitaba que pasara lo que acabó pasando: los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y, al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales acreedores eran ¡oh sorpresa! las Cajas de Ahorro. Los más de 3.000 millones de deuda nadie sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente pero, en cualquier caso, ¡ahí queda eso!

La teoría

Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que he resumido unos pocos “hechos estilizados” que considero representativos del comportamiento colectivo, no necesariamente individual, y esto es importante recordarlo, de los políticos españoles. Paso ahora a formular una teoría de la clase política española como grupo de interés.

El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política española no sólo se ha constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro Por qué fracasan las naciones. Una élite extractiva se caracteriza por:

"Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio".

"Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder político y económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las reglas del mercado libre. Dicho de otro modo, tener el poder suficiente para condicionar el funcionamiento de una sociedad abierta -en el sentido de Popper- u optimista -en el sentido de Deutsch".

"Abominar la 'destrucción creativa', que caracteriza al capitalismo más dinámico. En palabras de Schumpeter "la destrucción creativa es la revolución incesante de la estructura económica desde dentro, continuamente destruyendo lo antiguo y creando lo nuevo".  Este proceso de destrucción creativa es el rasgo esencial del capitalismo.”Una élite extractiva abomina, además, cualquier proceso innovador lo suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o político".

Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro preguntas que se le han planteado al principio del artículo? Veamos:

La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura de rentas los que la han provocado y eso, claro está, no lo pueden decir. Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no explica seis millones de parados, un sistema financiero parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. La clase política española tiene que defender, como está haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación.
La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea.
¿Pidieron perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna disculpa de algún político por la situación en la que está España? No, ni la oirá, por la misma razón que los controladores. ¿Cómo es que, como medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del Senado, de las diputaciones, la reducción del número de ayuntamientos…? Pues porque, caídas las Cajas de Ahorro -y ante las dificultades presentes para generar nuevas burbujas- la defensa de las rentas capturadas restantes se lleva a ultranza.
Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los partidos políticos españoles comparten un gran desprecio por la educación, una fuerte animadversión por la innovación y el emprendimiento y una hostilidad total hacia la ciencia y la investigación. De la educación sólo parece interesarles el adoctrinamiento: las estridentes peleas sobre la Educación para la Ciudadanía contrastan con el silencio espeso que envuelve las cuestiones verdaderamente relevantes como, por ejemplo, el elevadísimo fracaso escolar o los lamentables resultados en los informes PISA. La innovación y el emprendimiento languidecen en el marco de regulaciones disuasorias y fiscalidades punitivas sin que ningún partido se tome en serio la necesidad de cambiarlas. Y el gasto en investigación científica, concebido como suntuario de manera casi unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo político relevante haya protestado por un disparate que compromete más que ningún otro el futuro de los españoles.
La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la clase política española. Veamos qué nos dice sobre el futuro.

La predicción

La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés particular de la clase política española y el interés general de España. Las reformas necesarias para permanecer en el euro chocan frontalmente con los mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una reducción estructural del gasto de las Administraciones públicas superior a los 50 millardos de euros, un 5% del PIB. Esto no puede conseguirse con más recortes coyunturales: hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas. Se tiene que reducir drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de empresas, organismos y fundaciones, constituye una de las principales fuentes de rentas capturadas por la clase política. Por otra parte, para volver a crecer, la economía española tiene que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas más reformas para abrir más sectores a la competencia, especialmente en el mencionado sector público empresarial y en sectores regulados. Esto debería hacer más difícil seguir creando burbujas en la economía española.

La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la del mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que tarde.

La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el sentimiento “pro peseta”. De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas tiene la consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para, cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior que impone recortes insufribles al Estado de bienestar. También, por poner un ejemplo, los controladores aéreos presentaban la defensa de su interés particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo. La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en 1814, Fernando VII – El Deseado- aplastó la posibilidad de modernización de España surgida de la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las “caenas”! Por supuesto que al Deseado actual –llámese Mariano, Alfredo u otra cosa- habría que jalearle incorporando la vigente sensibilidad autonómica, utilizando gritos del tipo ¡viva Gürtel! ¡vivan los ERE de Andalucía! ¡visca el Palau de la Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las diferencias serían más de forma que de fondo.

Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque los países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería desastrosa para España. Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos en EL PAÍS el pasado mes de junio, no sólo una vuelta a la España de los 50 en lo económico, sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas. Los liberales, como en 1814, serían masacrados –de hecho, en los dos partidos mayoritarios, ya se observan movimientos en esa dirección.

El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente corto es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo por evitarlo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando artículos como éste. Como muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase política española es inmenso, pero no tiene alternativa a corto plazo. A más largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.

Cambiar el sistema electoral

La clase política española, como hemos visto en este artículo, es producto de varios factores entre los que destaca el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos. Este sistema da un poder inmenso a los dirigentes de los partidos y ha acabado produciendo una clase política disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto -todos tienen ventajas e inconvenientes- pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en España se tendría que cambiar de sistema con el objetivo de conseguir una clase política más funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos poder que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan de las urnas está menos mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay inconvenientes. Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos minoritarios que podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto perjudicaría a partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a partidos minoritarios de base regional. En cualquier caso, el rasgo relevante de un sistema mayoritario es que el electorado tiene poder de decisión no solo sobre los partidos sino también sobre las personas que salen elegidas y eso, en España, es ahora una necesidad perentoria que compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.

Un sistema mayoritario no es bálsamo de Fierabrás que cure al instante cualquier herida. Pero es muy probable que generase una clase política diferente, más adecuada a las necesidades de España. En Italia es inminente una propuesta de ley para cambiar el actual sistema proporcional por uno mayoritario corregido: dos tercios de los escaños se votarían en colegios uninominales y el tercio restante en listas cerradas en las que los escaños se distribuirían proporcionalmente a los votos obtenidos. Parece ser que el Gobierno “técnico” de Monti ha llegado a conclusiones similares a las que defiendo yo aquí: sin cambiar a una clase política disfuncional no puede abordarse un programa reformista ambicioso. Y es que, como le oí decir una vez a Carlos Solchaga, un “técnico” es un político que, además, sabe de algo. ¿Para cuándo una reforma electoral en España? ¿Habrá que esperar a que lleguen los “técnicos”?

César Molinas publicará en 2013 un libro titulado “¿Qué hacer con España?”. Este artículo corresponde a uno de sus capítulos.

http://politica.elpais.com/politica/2012/09/08/actualidad/1347129185_745267.html

Aunque sigo rigurosamente a este divertido, genial e irónico articulista, es la primera vez que lo traigo a IeI, y la verdad es que no se porqué no le he hecho antes pues cada artículo suyo es una auténtica "carga de profundidad". Os prometo que no será la primera y la última vez que lo haga.  (Pavel)

 




El nuevo rumbo victorioso de España

Tintorro Party
 
BORJA MARÍA ZALLANA DE LOS ACEBOS
08 Septembre 2012

Las buenas noticias se han producido esta semana de una manera tan abundante, que me cuesta seleccionar entre ellas las que mejor pueden ilustrar la notable mejoría que padece el país desde que estamos en el Gobierno. Por un lado, está la exitosa visita de Merkel a Mariano.

Ya es la segunda vez en la historia en la que en un grave momento de crisis mundial, un gallego y un (en este caso una, pero viene a ser lo mismo) alemán se reúnen para buscar una salida. La primera reunión ya saben ustedes los maravillosos frutos que dio, de esta segunda no podemos esperar mucho menos. Hay quien apostaba en las redes por haber pedido el rescate mientras teníamos a Angela entre nosotros, en todo caso sigue siendo motivo de estudio para el Gobierno, porque si de Guindos y Montoro siguen al frente de nuestra economía, no duden ustedes que en muy poco tiempo va a ser Europa la que tenga que pedirnos el rescate a nosotros.

La mejor prueba de que las medidas económicas tomadas comienzan a dar sus frutos, es que el
Consejo de Ministros se ha podido permitir el lujo malayo de aumentar en casi un 30% el presupuesto
de Defensa. Este incremento de 1.800 millones de euros es para pagar parte de lo que les debemos a las empresas de armamento. Que ya saben que una cosa es dejar dinero a deber a las farmacias, a las residencias de ancianos o a los dependientes, y otra a las empresas de armamento, no vayan a hacernos una oferta que no podamos rechazar. En todo caso, y para las mentes malpensantes, que
en España abundan, desmiento por completo que haya ninguna relación con que el ministro del ramo, Pedro Morenés, fuera hasta su nombramiento directivo de una de estas empresas que van a cobrar de forma inmediata y generosa.

Otra maravillosa noticia del buen momento que pasa España, es la decisión del magnate Adelson de
levantar Eurovegas en Madrid, a la que se añade el as que se ha sacado de la manga la Generalitat de Catalunya, con la presentación del proyecto de construir seis parques temáticos más alrededor de Port Aventura, de la mano del modélico empresario valenciano Enrique Bañuelos. Sin duda, se trata de un giro radical en el rumbo de la economía española, que huye de esta manera del fácil recurso del ladrillo, que tantos quebraderos de cabeza nos ha provocado, y apuesta por la apuesta en el ladrillo.

Quizá ustedes no sean capaces de ver las diferencias entre uno y otro modelo económico, pero para los expertos hay muchas y grandes. La principal es que en nuestro antiguo modelo de crecimiento, alrededor del ladrillo se criaron personajes mafiosos y corruptos, que se llevaron los beneficios y dejaron aquí los cascotes, mientras que ahora son personajes ya mafiosos de antemano los que dirigen la inversión, con lo que nos ahorramos pasos intermedios.

Y dejo para el final la noticia que va a ser más determinante en el nuevo rumbo del país, la de que en
Castilla-La Mancha a partir de 2013 sólo van a poder ser diputados autonómicos las personas de
buena familia, como históricamente ha sido en España. Cualquiera de ustedes, pobre miserable, al
que se la haya pasado por la cabeza dedicarse a la política de forma plena, que se le vaya borrando
la idea. La política debe volver a ser un hobby para ricos, un entretenimiento, una forma de pasar el
tiempo entre cacerías y corridas de toros. Para gobernar ya tenemos al capital.

PUBLICADO EN EL PLURAL, 08 Septbre. 2012

AHORA, MÁS QUE NUNCA, SE NECESITAN POLÍTICAS DE PLENO EMPLEO.

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y
Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
7 de septiembre de 2012

En un momento en que el desempleo es la mayor característica de los mercados laborales de la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte, es sorprendente (aunque predecible) que nadie hable de la necesidad de desarrollar políticas de pleno empleo. Parece como si la crisis económica y financiera hubiera eliminado completamente cualquier inquietud sobre la necesidad de que el Estado (que incluye tanto el central como el autonómico y el municipal) intervenga en la economía para producir ocupación y alcanzar el pleno empleo.

Nadie habla, ni en los círculos financieros y económicos ni en los mayores fórums mediáticos y políticos del país, de la necesidad de políticas que produzcan pleno empleo. De lo que sí se habla, en cambio, es de facilitar la destrucción de empleo a partir de reformas laborales que permiten mayor flexibilidad laboral y facilitan el despido. De esta manera, el Estado está aprobando leyes que facilitan tal despido, a la vez que está destruyendo empleo público (en teoría para reducir el gasto público y con ello reducir el déficit público).

Esta situación, repito de nuevo, es predecible. Aclaro esto porque en los debates de política económica se habla con excesiva frecuencia de que los resultados de la aplicación de tales políticas públicas, que están logrando resultados opuestos a lo que en teoría persiguen (todas las reformas laborales realizadas durante la crisis se presentaron retóricamente como necesarias para disminuir el desempleo), se deben a la incompetencia de las autoridades públicas o a su insuficiencia, argumento este último repetido por los economistas neoliberales que dominan los medios de mayor difusión en España, que proponen reformas y recortes todavía más radicales. No es incompetencia (sin negar que ella también exista), sino diseño.

Estas políticas estaban destinadas a incrementar el desempleo, en parte para forzar el descenso del salario. Y así lo han estado consiguiendo. Lo último que tales autoridades públicas desean es crear empleo y todavía menos alcanzar pleno empleo. Uno de los economistas más brillantes que hubo en el siglo XX, Michal Kalecki, lo escribió muy claro en un libro que significativamente lleva el título de ‘Aspectos Políticos del Pleno Empleo’. Fue de los pocos economistas que analizó las políticas económicas dentro del contexto político que las determinan.

La ausencia de este tipo de análisis explica que hoy se centre el debate en Europa sobre la viabilidad del euro, asumiendo que el euro puede desaparecer por propia lógica económica, sin percatarse de que la creación, existencia y mantenimiento de tal moneda respondieron a las coordenadas de poder existentes en Europa y, muy en especial, al capital financiero alemán, para el cual el euro le está siendo sumamente beneficioso, utilizando sus instrumentos, como el Banco Central Europeo, para alcanzar sus objetivos (ver mi artículo “El euro no tiene problemas, las clases populares sí”. Público 24.08.12).

Y uno de sus objetivos ha sido controlar la inflación, a costa del crecimiento de desempleo. El elevado desempleo existe porque así ha estado diseñado en un proyecto altamente exitoso pues están consiguiendo lo que querían. Y el hecho de que no se hable de políticas de pleno empleo en los mayores círculos mediáticos del país (y por lo tanto tampoco en los mayores fórums políticos) se debe precisamente al enorme poder que el capital financiero (la Banca, las compañías de seguros y las empresas financieras de alto riesgo, entre otras, definidas y analizadas por Juan Torres y por mí en nuestro libro “Los Amos del Mundo” de próxima publicación) tiene sobre las instituciones llamadas representativas.

El control de la inflación a través de las políticas de austeridad, incluyendo reducción de salarios y gasto público, creación de desempleo (disminuyendo así la demanda y el crecimiento económico) es el objetivo del proyecto neoliberal presentado como el único posible. De ahí que el desempleo aumentara y el crecimiento de la economía productiva disminuyera en el promedio de los países de la Eurozona, a partir del establecimiento del euro. El único crecimiento era el facilitado por las burbujas financieras especulativas, como pasó en España. A aquellos lectores que duden de la existencia de tal proyecto, les aconsejo que miren los datos.

El crecimiento español se debió a las burbujas estimuladas por el capital financiero alemán y español (que empobreció enormemente al país, absorbiendo recursos que deberían haberse invertido en actividades más productivas y necesarias), creando empleo de bajo coste y baja productividad. Y todo ello ocurrió con la participación y complicidad de las estructuras de gobierno de la Eurozona (incluido el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea) y de los sucesivos gobiernos españoles. Detrás de este entramado político estaban los amos del mundo, es decir, el capital financiero.

¿QUÉ DEBERÍA HACERSE?

En realidad, la respuesta es muy fácil. Recuperar las políticas de pleno empleo, mediante (como ocurrió en situaciones históricas anteriores en países en depresión) la creación de empleo financiado públicamente en infraestructuras sociales (sólo un adulto de cada diez trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar en España, comparado con uno de cada cuatro, en el caso de Suecia), creando cinco millones de nuevos puestos de trabajo, en muchas áreas productivas como los sectores verdes -tanto en mantenimiento como en creación de nuevas formas de energía- con lo que deberían crearse otros nuevos cinco millones de puestos de trabajo.

Estos gastos podrían financiarse fácilmente, asegurándose de que los ingresos al Estado alcancen los porcentajes del PIB que tienen los países más avanzados económica y socialmente, como los países
nórdicos de Europa (en España es el 35%, en Suecia es el 51%), sin que el mayor incremento impositivo recayera en la ciudadanía normal y corriente. En realidad, la mayor aportación debería venir del causante de la crisis actual, es decir, el capital financiero.

No es cierto que la Banca no tenga liquidez. La tiene, y mucha. Lo que ocurre es que la tiene guardada, entre otros lugares, en el Banco Central Europeo. El BCE ha prestado desde finales del año pasado a unos intereses bajísimos (menos del 1%) un billón de euros (sí, ha leído bien, un billón de euros) a la Banca europea. De esta cantidad, la mitad (500.000 millones de euros) a la Banca española e italiana. Y la Banca española depositó gran parte de estos fondos en el BCE, sin utilizarlos para cumplir su función social, que es la provisión de crédito. Hoy la Banca española es enormemente parasitaria: está absorbiendo dinero público tanto del BCE como del Estado español, sin que ello se refleje en incremento del crédito.

Sería, por lo tanto, lógico que el Estado nacionalizara la Banca y/o permitiera la existencia de la Banca privada sólo con la condición de que ofreciera crédito a unos intereses regulados públicamente que garantizaran su accesibilidad y disponibilidad. Y, sobre todo, que se gravara masivamente, intentando reducir su tamaño y eliminar su comportamiento especulativo, centrándose en su función social, que es la única que justifica su existencia.

Mi amigo Robert Pollin, Catedrático de Economía de la Universidad de Massachussets, acaba de publicar un libro, ‘Back to Full Employment’, de la editorial MIT, que detalla como la inversión en actividades productivas de los fondos depositados por la banca privada en el Banco Central Estadounidense, el Federal Reserve Board, (1,6 billones de dólares) podría convertirse en uno de los mayores fondos para crear empleo. También recomienda que los préstamos del Estado Federal a la Banca se condicionen a la capacidad productiva de empleo por parte de sus actividades financieras. Y debería también gravarse masivamente todas las transacciones financieras que conducen a actividades especulativas. Incluso Gran Bretaña, sede de la City, grava los bonos públicos (0.155) y los derivados (0.005).

Todo ello podría y debería ocurrir sin que se requiriera gran inversión pública, pues sería forzar a la Banca a que pagara a la sociedad, compensando por el enorme daño que ha creado. Que no se consideren estas propuestas razonables se debe al excesivo poder que los ”amos del mundo” tienen sobre el BCE y sobre las autoridades públicas.

LAS DEUDAS DE ALEMANIA

El llamado "milagro" de la ecconomía alemana se debe, básicamente, al impago reiterado de sus deudas por indemnizaciones de guerra.

Pedro Olalla - Atenas, 26 Junio 2012

LA VANGUARDIA

Cansados ya de hablar de la deuda de Grecia, hablemos, por ejemplo, de la de Alemania, su "gran rescatadora" para beneficio de la ingeniería financiera y para tranquilidad de los mercados.

Para hablar de esta deuda, no hace falta recurrir a argumentos de carácter moral o cultural, que, pese a su solidez y su certeza, podrían ser tildados de retóricos por algunos cretinos; bastará con hablar de dinero; nada de sentimentalismos: real money.
 
¿Saben ustedes cuál es el país europeo que más rotundamente y con más éxito se ha negado de forma reiterada al pago de sus deudas? No es otro que Alemania. Y no se trata de deudas derivadas de la mera especulación financiera, sino de deudas derivadas de indemnizaciones de guerra: es decir, de deudas contraídas por haber invadido, destruido, saqueado y matado a muchos millones de ciudadanos de casi todos los países de Europa, sino de todos.

Tras el Tratado de Versalles (1919), la Alemania perdedora de la I Guerra Mundial fue condenada a pagar reparaciones de guerra a los aliados por valor de 226.000 millones de marcos de oro, una cifra imposible, fijada con el fin de castigar a la belicosa nación y de poner freno a una rápida recuperación que pudiera verse seguida de nuevas hostilidades. Entre 1924 y 1929, la república de Weimar se mantuvo casi exclusivamente de los préstamos recibidos de Estados Unidos (más de un billón de dólares), destinados en parte a sufragar las indemnizaciones señaladas. 

Pero la situación para Alemania se hacía insostenible, y el crack del 29, además de enormes pérdidas para los prestamistas, abrió la posibilidad a la renegociación de la deuda: así pues, en 1930 (Plan Young), esa ingente obligación de pago quedó formalmente reducida ... a la mitad (112.000 millones). Entre 1931 y 1932, y dada la situación de la economía mundial, EE.UU. decide condonar las deudas de guerra a Francia y Reino Unido, quienes, a su vez, renuncian como acreedores a buena parte de la deuda alemana (Moratoria Hoover y Negociaciones de Lausanne). 

Resumiendo, en 1932, Alemania consiguió una reducción neta de más del 98% de las deudas a las que le obligaba haber puesto en marcha la I Guerra Mundial, y en 1939, cuando pone en marcha la segunda, la Alemania de Hitler suspende unilateralmente todos los pagos, incluido el de este 2%.  

Acabada la II Guerra Mundial, la historia se repite: Alemania es condenada a pagar cuantiosísimas indemnizaciones de guerra, pero, en el célebre Tratado de Londres (1953), los EE.UU., deseosos de convertir a la nueva Alemania federal en un pilar de la OTAN frente al bloque soviético, consiguen "convencer" a 20 países –entre ellos Grecia– para que accedan a una condonación "de facto" de todas las deudas alemanas derivadas de la Gran Guerra. 

Sin embargo, este extraordinario tratamiento de favor –y las favorables políticas extranjeras para que el país "perdedor" recuperase pronto el superávit comercial– no fueron obstáculo para que Alemania siguiera reclamándole a una Grecia invadida, expoliada por sus tropas y con un millón de muertos... todas las deudas anteriores a la guerra desde 1881, y que, en 1964 -y con la ayuda de Georgios Papandreou (abuelo) y Kostas Mitsotakis–, Alemania consiguiera el reconocimiento de esas deudas por parte del gobierno griego, engrosadas además con una altísima prima de riesgo que hace que aún las esté pagando. 

Y tampoco fue obstáculo para que, en 1990 –cuando la reunificación de Alemania obligaba a revisar los términos del Tratado de Londres y a retomar el pago de las indemnizaciones congeladas en virtud del mismo–, la Alemania de Kohl se negase nuevamente a pagar la mayor parte de esa "vieja deuda" y países como Grecia siguieran sin encontrar justicia.
 
No nos engañemos con falsas lecciones de moral: el llamado "milagro" de la economía alemana se basa primordialmente en el impago reiterado de sus deudas por indemnizaciones de guerra. Y digo primordialmente, porque deberíamos referir también, como cimientos del "milagro", la prosperidad adquirida por la explotación del trabajo forzado en 78 campos de concentración por colosos económicos como Krupp, Thyssen, Volkswagen o I.G. Farben, padre este último de gigantescas multinacionales como Bayer, Agfa o Aventis, que siguen dando muestras de buenas prácticas en el mundo globalizado de hoy (como también Neuman, Siemens, SLC Germany GmbH, etc.,) por no hablar de la industria armamentística alemana, tan boyante entonces como ahora.

Más allá de las hipocresías, la pregunta es la misma de siempre: ¿quién debe a quién?.

Leer más: 

El profesor alemán de Historia de la Economía Albrecht Ritschl escribe en Spiegel Online:

http://www.spiegel.de/international/germany/economic-historian-germany-was-biggestdebt-trangressor-of-20th-century-a-769703.html

http://www.lavanguardia.com/lectores-corresponsales/20120626/54316709950/alemania-deudas-crisis-grecia.html#ixzz25Qa3zO00